El 50,2% de los pasajeros que aterrizaron en los aeropuertos españoles ese mes procedentes del extranjero lo hizo a través de una línea aérea de vuelos baratos, según los datos del Ministerio de Turismo. El 49,8% restante lo hizo subido a una aerolínea tradicional. Se trata de la primera vez que las low cost superan a sus rivales.
En 2007, el bajo coste cerró con una cuota del 40%.

La crisis ha acelerado el trasvase de pasajeros entre unas empresas y otras. Ante la incertidumbre económica, los turistas se aprietan el cinturón y buscan vuelos baratos, donde las empresas de bajo coste como easyJet o Ryanair son imbatibles. Así, estas empresas crecieron en septiembre un 5,3%, hasta 2,98 millones de pasajeros, mientras sus competidores perdieron un 13%, hasta 2,96 millones de personas.

Con los datos acumulados del año, las tradicionales siguen aguantando el tipo con una cuota del 51,4%.

Por otra parte,

El Parlamento Europeo aprobó el jueves la nueva norma que introducirá controles en las tasas aeroportuarias para limitar los costes de las aerolíneas. La directiva se aplicará a todos los aeropuertos con más de cinco millones de pasajeros al año. En el caso de España se trata de Alicante, Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid-Barajas, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife Sur y Valencia.

La nueva directiva no contiene un método de cálculo armonizado de las tasas aeroportuarias para toda la UE, ya que a juicio de Bruselas ello no tendría en cuenta la gran diversidad de situaciones en los Estados miembros. No obstante, exige la no discriminación entre aerolíneas ni entre pasajeros, así como la transparencia a la hora de informar sobre los costes que se han tenido en cuenta a la hora de calcular una tasa, incluyendo los costes de seguridad. Las tasas también tendrán que vincularse a la calidad de los servicios que presta un aeropuerto.

La norma introduce además la obligación de establecer un mecanismo de consulta entre las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas para dirimir cualquier conflicto sobre aumentos de tasas. Asimismo, todos los Estados miembros tendrán que crear una autoridad reguladora independiente que pueda hacer de árbitro en caso de desacuerdo persistente entre aeropuertos y compañías, como ya ocurre en Reino Unido.